Columna: Cláusula antielusiva tributaria nuevamente en suspenso.
La Comisión el Congreso y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han resuelto conveniente suspender
nuevamente las facultades de la Administración Tributaria (SUNAT) para emplear
la cláusula antielusiva y no ejecutar su aplicación retroactivamente; debido a la
serie de críticas y presiones por parte del Gremio Empresarial, quienes replicaban
tenazmente su empleo, debido a lo excesivo que pudiera generar su ante una
posible arbitrariedad en la discrecionalidad por parte de la Sunat.
Mediante el Decreto Legislativo N°
1422, se habían precisado el inicio de las fiscalizaciones de la elusión
tributaria por parte de la Administración Tributaria hacia las empresas. Cabe
recordar que esta norma solo alcanza a personas jurídicas en fiscalizaciones definitivas,
así como responsabilizar a los directores y representantes legales si se
demuestra su colaboración en las estrategias tributarias planteadas consideradas
ficticias por Sunat, y la presunción del dolo de los representantes legales
cuando Sunat detecte indicios de elusión tributaria.
Esta cláusula antielusica no
genera confianza ante inversores, al contrario, crea temor en los mercados. El crecimiento
económico debe ser sincronizado que brinde al Perú ser una plataforma de inversión.
No obstante, seria benefactora la activación de la cláusula antielusiva si no
perturba la seguridad jurídica y se respete los Principios Constitucionales;
así como también, se exija con mucha claridad la elaboración de las normas
tributarias hacia los contribuyentes.
Debemos de avizorar que la activación
de la Cláusula Antielusiva es la de reducir la lucha contra la elusión
tributaria, debiendo la Administración Tributaria fortalecer sus facultades
como ente recaudador, y no solo en crear políticas que ahuyente a posibles
inversionistas y desalienten a los contribuyentes al verse en viernes que serán
sancionados drásticamente por supuestas prácticas artificiosas. Hay que ser
cautelosos en el manejo responsable en decretar normas tributarias en Política
Fiscal, a fin de que se pueda garantizar estabilidad económica al País
generando un bienestar social.
Es sustancial imperar la
necesidad de tener la participación activa de la Sunat conjuntamente con el
Gobierno al momento de legislar una norma tributaria. Esta coyuntura puede
concluir en afectar en la economía de nuestro País y motive que proyectos de
inversión se paralicen lo cual va a desembocar que se afecte el crecimiento del
PBI.
Hay que definir lineamientos de
políticas aplicables a nuestra realidad económica de acuerdo como funcione
nuestro Estado para poder conquistar un crecimiento sostenible que nos permita
desarrollar posibilidades comerciales en diversos sectores económicos y se
pueda incentivas la inversión pública y privada.
Debemos recalcar que con la
suspensión de la cláusula antielusiva no se logra destrabar el problema de
fondo. Estamos ante una incertidumbre jurídica al no tener una norma
antielusiva que genere sus efectos y que aún no tenga su reglamentación que defina
los parámetros aplicables en forma y fondo, requisitos indispensables para que
pueda estar vigente. El Gobierno debe de hacerle ver al contribuyente que en
caso pretenda eludir un tributo o simular una operación comercial para pagar
menos impuestos, pueda ser sujeto a un procedimiento administrativo que, de
comprobar la responsabilidad, será sujeto a una sanción pecuniaria y demás que
se originen.
El estado debe de generar al
ciudadano, la necesidad que cumpla con sus obligaciones tributarias y el pago
de sus tributos. La carencia de conciencia tributaria, y las débiles reformas
tributarias diseñadas han generado que el ciudadano busque incumplir o pretenda
reducir de manera ilegal o taimado el pago de sus impuestos y un perjuicio en
la recaudación tributaria.
Impartir cultura tributaria no
puede limitarse solo a entender que lo sea solo por declarar y pagar impuestos,
ni a formalizarse para reducir en parte la evasión fiscal, sino que
obligatoriamente debe de ser una educación constante, sistematizada, debiéndose
orientar a la ciudadanía como responsables en el desarrollo de nuestro País, a
fin de que el Gobierno pueda plantear mejores estrategias y combatir mejor la elusión
tributaria.
